En los principales medios nacionales, la inseguridad ciudadana aparece como uno de los temas dominantes de la agenda diaria, con reportes constantes de homicidios, ataques armados y extorsiones que afectan a comerciantes y autoridades locales. Casos recientes incluyen asesinatos a balazos en Áncash y Piura, ataques contra vehículos de dirigentes vecinales en Lima y atentados que obligan al cierre de pequeños negocios, configurando un escenario de alta sensación de riesgo en la vida cotidiana.
En este contexto, Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú tras una segunda vuelta muy ajustada, con un programa de gobierno que identifica la inseguridad, la corrupción y la parálisis burocrática como los tres grandes frenos del país. Su plan plantea modernizar la Policía Nacional, recuperar el principio de autoridad y desplegar centros de comando interconectados con inteligencia artificial para combatir crimen organizado, delincuencia común y extorsiones, reforzando la infraestructura de seguridad con megapenales de máxima seguridad y penales modulares administrados temporalmente por las Fuerzas Armadas.
En el frente económico, el gobierno propone un “shock desregulatorio” que elimine más de 500 trámites administrativos y una Ventanilla Única Digital Nacional apoyada en inteligencia artificial para digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales, con el objetivo de dinamizar la inversión privada y reducir la burocracia. La meta fiscal es reducir el déficit al 1% del PBI hacia 2031, ampliando la base tributaria sin incrementar de forma significativa la carga sobre los contribuyentes formales y utilizando Asociaciones Público‑Privadas y Obras por Impuestos para financiar grandes proyectos de infraestructura, incluyendo megaproyectos logísticos y de irrigación.youtubeelpais+1
El componente energético y de desarrollo productivo apuesta por elevar la participación de energías renovables no convencionales al 20% de la matriz eléctrica al 2031, crear un Polo Energético del Norte y lograr electrificación rural plena mediante soluciones como paneles solares, mientras se impulsa minería, agricultura, turismo y manufactura como sectores clave. En paralelo, se propone modernizar el servicio civil bajo SERVIR, extender el expediente judicial electrónico a todos los distritos y lanzar un shock anticorrupción digital que fortalezca los controles de la Contraloría, con énfasis en transparencia y trazabilidad en contrataciones públicas.
