La exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas obtuvo un doble nombramiento en el Ministerio Público tras el archivo definitivo de la investigación en su contra por presunta organización criminal y otros delitos. Mediante la resolución 1967-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez la designó como la primera coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva, con el encargo de dirigir, supervisar y estandarizar criterios de actuación en todo el país.
Su nueva función incluye articular las fiscalías de flagrancia y contribuir al fortalecimiento de un sistema de justicia más célere, oportuno y efectivo dentro del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva. Paralelamente, la resolución 050-2026-MP-FN-JFS oficializó su elección como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG) para el periodo institucional 2026-2028, en reemplazo de Luis Arce Córdova, cuyo mandato culmina el 9 de julio.
A diferencia del cargo de coordinación de flagrancia, la designación en la AMAG fue resultado de una decisión colegiada y unánime de la Junta de Fiscales Supremos. La Academia de la Magistratura tiene un rol central en la formación, capacitación y actualización de jueces y fiscales, y está integrada por jueces supremos, fiscales supremos, un miembro de la Junta Nacional de Justicia y su director general, cargo que permanece vacante tras cuestionamientos y presiones políticas que frustraron el concurso de 2024.
El ascenso de Benavides se produce en un contexto de controversia, luego de que Gálvez determinara que no existían méritos para formular denuncia constitucional por organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho, archivando la carpeta 1228-2023 derivada del operativo Valkiria y de las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. Entre los hechos archivados figuran acusaciones sobre supuestos ofrecimientos de favores a congresistas para inhabilitar a Zoraida Ávalos, presiones ligadas a la elección del defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y maniobras para remover a la anterior Junta Nacional de Justicia, así como el presunto aviso a Villanueva sobre su detención inminente.
