A menos de tres meses de las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó que el sistema electoral enfrenta una grave falta de presupuesto que compromete la realización de los comicios. El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que el déficit conjunto de los organismos electorales supera los S/ 589 millones, monto indispensable para garantizar el despliegue logístico, la capacitación de personal y la ejecución de todas las etapas del proceso.

Burneo explicó que desde noviembre de 2025 han sostenido reuniones casi diarias con el Ministerio de Economía y Finanzas y han buscado alternativas vía ley de presupuesto, pero las respuestas no han sido suficientes para cubrir las necesidades del JNE, la ONPE y el Reniec. Dentro de esta brecha, el JNE requiere S/ 103,50 millones, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) necesita S/ 433,21 millones; parte de estos recursos figura en una demanda adicional incluida en una ley ómnibus que el Congreso debatirá el 9 de julio.

El presidente del JNE subrayó que, de mantenerse el desfinanciamiento, podría ser inevitable una prórroga de los mandatos regionales y municipales vigentes, lo que configuraría un serio riesgo para la alternancia y la legitimidad democrática. A esta advertencia se sumó la jefa del Reniec, Carmen Velarde, quien precisó que el déficit afecta la integridad del padrón electoral, al impedir verificaciones y la continuidad en la entrega del DNI electrónico desde el 1 de septiembre, dejando a unas 30.000 personas sin documento actualizado y limitando su acceso a programas sociales y servicios financieros.

Velarde destacó que la falta de recursos repercute en la relación de la ciudadanía con los bancos y en la actualización de datos en zonas alejadas del país, profundizando las brechas de inclusión. En este contexto, las autoridades electorales insistieron en que el Congreso y el Ejecutivo deben reaccionar con rapidez para asignar el presupuesto requerido, ya que el plazo de 88 días antes de la jornada electoral hace inviable seguir postergando decisiones sin poner en riesgo la confianza ciudadana en el sistema democrático.