Carlos Álvarez, humorista y excandidato presidencial de País Para Todos, reveló que en una reunión con Keiko Fujimori insistió en que el nuevo gobierno mantenga una línea de “mano de hierro” frente a la criminalidad, más dura incluso que la “mano dura” ofrecida en campaña. En sus declaraciones, criticó que los reclusos reciban tres comidas diarias mientras miles de niños padecen anemia y desnutrición, acuden al colegio sin desayuno o se acuestan sin haber comido. “No podemos tener tres comidas diarias a los delincuentes mientras hay niños con anemia, con desnutrición crónica”, afirmó, cuestionando una desigualdad que considera inaceptable para el país.
Álvarez aseguró que su propuesta central es que Perú se retire del Pacto de San José tras un año y que, posteriormente, se habilite la pena de muerte como herramienta extrema frente a los delitos más graves. Recordó que solo Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago han concretado salidas similares del sistema interamericano de derechos humanos, lo que muestra el carácter polémico y disruptivo de la iniciativa. El excandidato explicó que Keiko Fujimori ha hablado públicamente de revisar el vínculo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque la mandataria electa aclaró en campaña que su objetivo no es imponer la pena de muerte, sino recuperar figuras como los jueces sin rostro y obligar a los internos a trabajar para financiar su alimentación.
En paralelo, Álvarez advirtió que la ola criminal está golpeando a la economía cotidiana, con miles de panaderías, bodegas y pequeños negocios obligados a cerrar por extorsiones y amenazas, lo que refuerza su llamado a una política de seguridad más agresiva. “¿Qué se creen estos miserables? ¿Por qué tenemos que pagar para poder trabajar en mi país?”, expresó, evidenciando el malestar de emprendedores y comerciantes que deben pagar cupos para sobrevivir. El comediante remarcó que la respuesta del Estado no debe limitarse a mano dura: habló de complementar la ofensiva con siembra de valores, principios, amor a la patria y educación, subrayando que la familia tiene un rol clave en prevenir la criminalidad desde la base social.
Álvarez también celebró la decisión de Keiko Fujimori de invitar a Julio Velarde a continuar al frente del Banco Central de Reserva (BCR), considerando que su permanencia garantiza la “moneda más estable de la región” y una continuidad de casi dos décadas en la defensa de la estabilidad macroeconómica. La reflexión se enlaza con la narrativa de la presidenta electa sobre un gobierno que combine mano firme en seguridad con prudencia económica y respeto a la independencia técnica. En el trasfondo de estas propuestas aparece la memoria del régimen de Alberto Fujimori, que recurrió a jueces sin rostro para condenar a miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, decisiones que luego la Corte IDH obligó a revisar para asegurar garantías procesales, lo que abre un debate sobre hasta dónde puede llegar el nuevo gobierno en seguridad sin vulnerar compromisos internacionales de derechos humanos.
