Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y virtual contendor de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, enfrenta crecientes cuestionamientos por una denuncia de presunta apropiación de fondos de campaña. Según reveló un reportaje televisivo, los aportes electorales del partido habrían terminado en cuentas personales del propio Sánchez y de su hermano William Sánchez Palomino, en lugar de registrarse correctamente ante la ONPE.

La acusación detalla que más de 204 mil soles destinados a las finanzas de la organización política figuran como “cero” en los reportes oficiales, lo que abrió una investigación por posible apropiación indebida y falsa declaración ante el órgano electoral. En este contexto, el aspirante presidencia decidió guardar silencio frente a los medios y evitó responder preguntas al salir de su local de campaña en el Cercado de Lima, un comportamiento distinto al que mostraba días atrás, cuando sí confrontaba a sus adversarios políticos.

Mientras tanto, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, defendió públicamente al candidato y sostuvo que ser investigado “no significa ser culpable”, asegurando que Sánchez siempre ha respondido ante la justicia. El juicio oral fue programado para el 27 de mayo, es decir, antes de la segunda vuelta, lo que añade presión política y mediática a su candidatura en medio del conteo final de la ONPE y de la expectativa por la proclamación oficial de resultados.