Desorden financiero en Juntos por el Perú sancionado por la ONPE expone graves irregularidades en plena campaña electoral. El organismo detectó 17 aportes “anónimos” por S/ 17,000 declarados como privados en la campaña de 2021. Entre los supuestos aportantes figuran ex candidatos y personas fallecidas que niegan o no pudieron confirmar las donaciones. El abogado del partido atribuye los hechos a errores de registro, sin aclarar el origen real del dinero.
En los años siguientes también se hallaron inconsistencias con fondos públicos. En 2022, el partido recibió S/ 1.3 millones de financiamiento estatal, pero solo registró menos de S/ 600 mil en sus libros contables. Además, reportó S/ 368 mil en aportes privados con datos que no coincidían con los padrones de la Reniec. Durante 2023 omitió ingresos y gastos por S/ 305 mil, y en 2024 declaró no tener ingresos ante Sunat mientras informaba más de S/ 320 mil en movimientos ante la ONPE.
Fondos públicos, embargos y pagos a allegados
La ONPE también identificó embargos judiciales sobre recursos del financiamiento público por hasta S/ 200 mil, considerados improcedentes. El partido destinó la mayor parte del dinero estatal a funcionamiento, sin cumplir la obligación de invertir al menos la mitad en formación política. Desorden financiero en Juntos por el Perú sancionado por la ONPE también alcanzó pagos a William Sánchez, hermano de Roberto Sánchez, quien recibió cerca de S/ 26 mil entre 2022 y 2024. Todo este cuadro alimenta cuestionamientos sobre transparencia y manejo ético de recursos en la organización.
