El macabro crimen de Rhudy Benavides en Cusco reveló un nivel de violencia que desbordó incluso a los investigadores más experimentados. El guía de turismo, conocido como el “Embajador de los Andes”, fue asesinado mientras dormía por dos jóvenes con los que compartía bebidas alcohólicas en una vivienda de la asociación Manantiales del Inca. Según la fiscal Thamara Catacora, los agresores lo apuñalaron en el cuello, lo golpearon en la cabeza y luego desmembraron su cuerpo con extrema frialdad.
Tras el crimen, los asesinos vendieron el celular de la víctima por 110 soles para comprar alcohol, drogas y utensilios destinados a borrar evidencias. Días después, la Policía halló una escena aterradora: restos humanos repartidos en baldes y bolsas, además de dos ollas en la cocina con fragmentos de cuerpo cocinados junto a zanahorias y cebollas. Parte de los restos también habría sido arrojada a siete perros que vivían en el inmueble, según el reporte policial. La detención de Gabriel Alexis Luis Cóndori y Óscar Franco Tinco se produjo una semana después, y la fiscalía logró que el juez ordenara nueve meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por homicidio con ferocidad.
Un caso extremo que exige justicia y respuestas
El impacto del caso se amplificó al conocerse que uno de los acusados arrastraba antecedentes por violencia sexual y denuncias previas en la zona. Vecinos de Manantiales del Inca habían alertado sobre conductas irregulares en la vivienda sin obtener respuesta oportuna de las autoridades. En paralelo, familiares y amigos de Rhudy Benavides, así como representantes del sector turismo, exigen la máxima pena y una investigación a fondo sobre las fallas en prevención y control. Cientos de personas acompañaron el sepelio del guía en el cementerio La Almudena, donde su madre, Ayde Charalla, reclamó que su hijo “no tenía por qué morir así” y pidió que su muerte marque un antes y un después en la lucha contra la violencia extrema. Con este contexto, el macabro crimen de Rhudy Benavides en Cusco abre un doloroso debate sobre seguridad ciudadana, salud mental y respuesta institucional.
