La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación preliminar abierta contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica, en el marco del denominado caso de las “firmas falsas” en resoluciones oficiales. El Ministerio Público indagaba si terceros habrían firmado a nombre de la entonces mandataria documentos del Ejecutivo emitidos en 2023, mientras ella se recuperaba de varias cirugías estéticas al rostro realizadas en una clínica de Lima.

De acuerdo con la defensa legal de Boluarte, la decisión fiscal se sustenta en un peritaje de documentología forense que concluyó que las rúbricas observadas “corresponden al puño y letra de la expresidenta, siendo auténticas y originales”. Con este informe pericial, la Fiscalía consideró que no existían elementos suficientes para formular una denuncia penal por falsedad genérica, por lo que resolvió archivar la carpeta y disponer el cierre de las diligencias.

El caso se remonta a las declaraciones de su exasistente Patricia Muriano, quien señaló que al menos tres decretos supremos habrían sido publicados con la firma falsificada de Boluarte mientras se encontraba en reposo médico, lo que motivó el inicio de la investigación fiscal y un amplio debate político. Tras el archivo, el entorno de la exmandataria sostiene que se confirma la autenticidad de las firmas y se descarta la versión de suplantación, aunque sectores críticos advierten que el tema podría reactivarse si aparecieran nuevos elementos de prueba.