El Poder Judicial ordenó la liberación inmediata del expresidente peruano Ollanta Humala Tasso, quien se encontraba recluido en el penal de Barbadillo por una condena de 15 años de prisión por lavado de activos agravado en agravio del Estado. La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en cumplimiento de la Sentencia N.° 169/2026 del Tribunal Constitucional, que anuló la totalidad del proceso penal seguido en su contra, desde las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 hasta la sentencia condenatoria emitida en abril de 2025.

El Tribunal Constitucional, por cinco votos contra dos, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala al considerar vulnerados los principios de legalidad y tipicidad vinculados al derecho a la libertad personal. El colegiado sostuvo que los aportes que el exmandatario habría recibido del gobierno venezolano y de empresas brasileñas en las campañas de 2006 y 2011 no podían configurarse como lavado de activos en ese momento, ya que la figura penal que sanciona la mera recepción de dinero de origen ilícito (receptación patrimonial) recién fue incorporada al Código Penal en 2016, y además no se acreditó que Humala conociera el origen ilícito de esos fondos.

En su resolución N.° 89, el juez César Augusto Riveros Ramos dispuso oficiar de inmediato al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que ejecute la excarcelación, invocando los principios de celeridad y economía procesal, aun cuando la notificación formal del Tribunal Constitucional aún no había llegado al juzgado. La orden incluye el levantamiento de las órdenes de captura vigentes dentro de este caso y la comunicación al Ministerio Público y a la Sala Penal de Apelaciones, mientras que al Ministerio Público se le exige archivar la investigación preliminar anulada por el TC.

El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, afirmó que su patrocinado recibió la decisión con satisfacción y consideró que “finalmente se ha hecho justicia”, al tiempo que explicó que el INPE debe verificar si existen otras órdenes de detención antes de concretar la salida del penal. Tras la excarcelación, la defensa orientará su estrategia a asegurar la plena anulación del proceso, mientras que el expresidente, de 65 años, aún enfrenta otros cinco procesos judiciales por presuntos delitos como asociación ilícita, colusión agravada y homicidio calificado, aunque sin medidas de coerción vigentes.