En una de sus primeras decisiones como titular del sector, el ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz declaró la reorganización del MIDAGRI a través del Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, publicado en el diario oficial. La norma fija un plazo de 120 días para evaluar la estructura administrativa, revisar instrumentos de gestión y proponer reformas de organización y de políticas, con el objetivo de fortalecer la rectoría agraria del ministerio.
El decreto, refrendado por la presidenta Keiko Fujimori, responde a “limitaciones y debilidades significativas” en la arquitectura institucional del MIDAGRI, el rezago en la implementación de la Política Nacional Agraria 2021-2030 y los hallazgos de la OCDE sobre el bajo nivel y la poca eficacia del apoyo estatal al agro. El estudio “Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú” señala que el soporte público equivale al 6,2% de los ingresos brutos del sector, por debajo del 13,2% promedio de los países miembros, con ayudas dispersas, de corto plazo y poco orientadas a una transformación estructural.
La revisión deberá enfrentar la fragmentación institucional, la superposición de competencias entre niveles de gobierno, la baja cobertura de programas y las carencias en evaluación, datos y rendición de cuentas, además de la insuficiente inversión en investigación, desarrollo e innovación agrícola, que apenas llega al 0,4% del PBI agrícola, y la limitada cobertura de servicios de extensión, que alcanza al 3,8% de los agricultores. El proceso se financiará con el propio presupuesto del MIDAGRI —S/ 2 853,9 millones en 2026, cerca del 1,1% del presupuesto nacional, de los cuales 67% se destina a actividades operativas y 33% a inversiones— sin recursos adicionales del Tesoro Público.
El MIDAGRI, responsable de normar, promover y dirigir el sector agrario, de riego y el desarrollo rural, opera a través de dos viceministerios: el de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, y el de Políticas Agrarias. La reorganización abre una etapa de revisión institucional en medio de demandas por mayor eficiencia y articulación estatal en un sector clave para el desarrollo económico y social del país, con la meta de que la Política Nacional Agraria logre elevar el desarrollo competitivo del agro en 36% hacia 2030.
